El miércoles pasado hubo en el Centro Cívico una charla sobre algunos de los aspectos oscuros de la privatización del agua potable de este pueblo que nos toca padecer.

Allí fuimos informados acerca de las “curiosas” maniobras que Aguas de Sagunto y nuestro Ayuntamiento, socios en el negocio, vienen realizando con su gestión; desde el extraño caso de los doce millones y medio de euros que se “extraviaron” en el proceso de constitución de la dicha sociedad, millones que no se explicó qué pasó con ellos ni en qué se gastaron, hasta los recientes cambios de contadores. Por lo visto la dicha empresa se ha montado un negociete con un innecesario cambio de contadores que arrambla con nuestros viejos (y ya pagados) contadores y nos ponen otros que transmiten datos, para que ellos puedan despedir a los revisores con el consiguiente ahorro mientras tenemos que pagar alquiler por los contadores, todo ello a espaldas del pueblo y con una absoluta falta de transparencia.

Pero no es de esto de lo que yo quiero hablar hoy, pues necesitaría al menos diez veces más espacio que el que presta esta sencilla columna. No. Aquí lo que quiero resaltar es que la mesa desde donde se explicaba y denunciaba esto estaba compuesta por dos personas relacionadas con las asociaciones de vecinos, que informaban y esgrimían documentos y papeles conseguidos a base de moverse y preocuparse por el tema.

Y lo deprimente es que entre el público asistente estaban varios concejales de diversos partidos presentes en nuestro ayuntamiento. Todos indocumentados. El mundo al revés. En la ronda de preguntas ninguno de ellos dio una explicación convincente sobre cualquiera de los diferentes temas que se trataron. Todas las referencias realizadas acerca de la mayoría que el Ayuntamiento tiene en el Consejo de Administración de la Sociedad (el 51 % de las acciones) morían en que o bien el día de tal reunión faltó tal o cual concejal o bien que no sabían o no estaban informados de los temas.

Si exceptuamos a IU, partido que se destacó en su día por su oposición a la privatización del agua, los demás políticos, tanto los que allí estaban como los que no, tienen una altísima cuota de responsabilidad (o lo que no sé si es peor: de irresponsabilidad) en el empastre en que han convertido el tema del agua en nuestro pueblo.

Una cosa sí me quedó muy clara después de la dicha reunión: que es vital para este pueblo recuperar la gestión del agua. La sensatez y la decencia aconsejan, por norma, que los servicios públicos deban ser administrados por gestores públicos, pero es que, además, en este caso práctico se evidencia que la pérdida del control social de un tema tan vital exacerba la voracidad de las empresas privadas.