Nunca entendí la costumbre de diferenciar las políticas económicas de las políticas sociales. Es como si unas no tuvieran que ver con las otras y no existiera una correlación entre ambas líneas y, por supuesto, en sus resultados. Al fin y al cabo, soy de la opinión de que la base de cualquier política social es una buena política económica que dé cobertura a aquello que pueda resultar necesario para mantener aquello que dimos en llamar Estado del Bienestar.
Nadie duda de que un estado proveedor de derechos es una garantía de que estos puedan prestarse a todos los ciudadanos, sea cual sea su nivel de renta o su estrato social, pero no es menos cierto que una política económica sólida permite a la ciudadanía acceder a servicios esenciales, al tiempo que aportar, vía tributación, más recursos a la Administración Pública.
No hay más que aplicar una sencilla fórmula matemática para ver que a mayor renta, mayor recaudación tributaria. Podríamos decir que ese es el secreto de la felicidad económica: los ciudadanos disponen de más recursos y la Administración también. Todos contentos.
Pero las cosas no son tan simples. Una mayor renta no siempre es sinónimo de un mayor poder adquisitivo. Precisamente, en los tiempos que vivimos, la elevada inflación en productos básicos de la cesta de la compra (alimentación, vestido, combustibles, …) hace que disponer de más renta no suponga la seguridad de poder adquirir más productos. Eso sí, curiosamente, esa situación provoca que la recaudación tributaria sea cada vez mayor y, con ello, la renta disponible de las familias decrezca proporcionalmente.
Por la vía del incremento de precios, la recaudación en impuestos indirectos, especialmente en el IVA, se incrementa, más aún cuando ni se revisa ni se prevé ajustar el tipo impositivo aplicable a la situación económica en que vivimos. Siendo una aplicación proporcional a su base imponible, cuanto más alta sea esta, más alta será la cuota tributaria y, como consecuencia inmediata, el incremento de los precios será también superior. Todo lo contrario de lo que la lógica paternalista del Estado nos debería hacer pensar.
Por el lado de los ingresos, una mayor retribución a los trabajadores supondrá una mayor recaudación por otras formas tributarias, especialmente por el siempre temido Impuesto sobre la Renta, caso en que su aplicación por tramos genera que el incremento pueda ser sustancialmente mayor a medida que las bases de cálculo vayan aumentando.
La conclusión es simple: la banca (el Estado) siempre gana. No es, por tanto, desdeñable la exigencia de una mejor prestación de esos servicios públicos que consideramos esenciales y que precisan de una nutrida Hacienda Pública.
No obstante, tenemos una enorme miopía tributaria que, probablemente con acierto, no nos deja ver el alcance de nuestra tributación. No somos conscientes de que cada acción que hacemos, incluso alguna que no precisa ni que hagamos nada explícito, puede tener una consecuencia tributaria. Pagamos impuestos por ganar dinero, por gastar dinero, por tener dinero, por dar dinero y por dejar dinero a nuestros herederos. Toda nuestra vida y hasta después de muertos. Visto así, el mismo dinero paga impuestos hasta cuatro veces, lo que merma sucesivamente la capacidad adquisitiva de una renta. Es decir, tenemos más dinero que antes, pero podemos comprar menos que nunca.
Añadamos a esto la presión hipotecaria derivada de la subida exponencial de los tipos de interés lo que, unido a la supresión de la deducción por vivienda que inventó Zapatero, deja la adquisición de un inmueble en un hecho casi heroico. Si la deseada nómina que se ingresa en los últimos dos días del mes vencido, se ve mermada en un elevado porcentaje el mismo primer día de mes, la capacidad de compra de las familias se ve minorada, y acongojada, desde ese mismo momento.
Analicemos, ahora, un posible círculo expansivo. Es lo mismo, pero “a más”. Una inflación contenida y unos tipos de interés moderados permiten una mayor capacidad de consumo. Y ese consumo generará mayor recaudación tributaria, pero, al mismo tiempo, aumentará el empleo y la seguridad en el mismo. Con ello, serán más las familias que dispondrán de una renta segura para pasar el mes y, además, tributarán más por ese IRPF y, también, por los impuestos indirectos derivados de su capacidad consumista. Es muy probable que, con esto, la recaudación no solo no decaiga, sino que aumente progresivamente. No en vano, había, hace tiempo, una marca de telefonía que tuvo como eslogan “cuantos más seamos, menos pagamos”, el cual es perfectamente aplicable a la gestión pública.
¿Tan difícil es hacerlo así? El problema no es tanto la dificultad como el esfuerzo que supone el cambio de modelo económico y tributario. Es cierto que tenemos una importante afección exterior a nuestra economía, pero no lo es menos que nuestra capacidad productiva es mucho mayor que el verdadero aprovechamiento que de ella hacemos. Habrá que apostar por considerar la economía como una política social y promover un verdadero cambio estructural de nuestro modelo productivo porque, visto con detalle, de ello depende que podamos ver nuestro futuro, en lo público y en lo privado, de color esperanza.
Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites
