La situación de estancamiento en la que se encuentra el litigio del malecón de la extinta Compañía Minera de Sierra Menera ha suscitado reacciones, tanto en la parte que promueve un proyecto urbanístico para esta zona, como en el movimiento vecinal que defiende que este espacio sea público y verde. Como ya informó este periódico el pasado 27 de marzo, la empresa Prosagunsa, propietaria de esos terrenos por sentencia judicial, indicaba que no se han producido avances en las negociaciones con el Ayuntamiento de Sagunto sobre el futuro desarrollo urbanístico del malecón, por lo que consideran que desde el Gobierno municipal no se está atendiendo al interés de la ciudadanía.
En su comunicado, la compañía recordaba que «El pasado mes de Julio, Prosagunsa decidió cerrar el paso en la parcela del Malecón de Menera, de la cual es propietaria, tras una llamada del alcalde Darío Moreno, bajo su disposición de sentarse a negociar una salida beneficiosa para todas las partes y, sobre todo, pensando en el bien de la ciudadanía, ya que era época estival, Prosagunsa reabrió la parcela y se puso a trabajar en un ambicioso proyecto urbanístico para desarrollar en ella, en octubre Prosagunsa presentó el proyecto en una acto al que el alcalde estaba invitado y al que él no acudió. Este proyecto contemplaba una inversión aproximada de 200 millones de euros, que beneficiaría notablemente al municipio de Sagunto».
Por su parte, la Plataforma Malecón Público y Verde emitió una nota informativa el pasado miércoles, tres de abril, acusando al gobierno municipal de desidia en su defensa de este espacio como futuro parque urbano. A este respecto, desde la plataforma denunciaban que ya han pasado casi seis meses desde la aprobación de una moción con una serie de puntos, los cuales se habían ignorado en su mayoría, como, por ejemplo, el de la creación de una Comisión Informativa Especial.
Se pretende que en dicha comisión especial se aborde todo lo relacionado con el Malecón de Menera, en un órgano donde tengan voz las asociaciones que se creen la defensa de este espacio, tal y como señalaba el documento aprobado el pasado 5 de octubre. Sin embargo, para la Plataforma, que algo tan sencillo como crear esta comisión todavía no se haya realizado, demuestra «la inacción y la falta de interés del alcalde», Darío Moreno, en este tema.
Protesta en el pleno
Con estos antecedentes, la Plataforma Malecón Público y Verde, en vistas de que el gobierno municipal de Sagunto, de amplísima mayoría socialista, no ha realizado ningún movimiento, decidió presentarse en el pleno municipal ordinario de ayer jueves, donde desplegó una amplia pancarta con el eslogan: «Contra la especulación Malecón público y verde», tal y como recoge la imagen. En esta sesión plenaria también intervino, desde el público y en representación de esta agrupación de entidades, Ramón García Ortín, quien desarrolló algunos aspectos de la situación en la que se encuentra este enquistado litigio.
El representante de la plataforma dejó claro que «el tipo de concesión por la que en 1902 se autorizó la construcción del embarcadero de minerales a la Compañía Minera de Sierra Menera, nunca, nunca, nunca, transmite la propiedad de esos terrenos a la concesionaria, ni con la legislación de Costas del siglo XXI, ni con la del siglo XX, ni con la ley de Puertos del siglo XIX con la que se otorgó».
Esta afirmación la realizó, apoyándose en fallos judiciales del más alto tribunal español, asegurando que: «Pueden consultar toda la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es unánime al respecto».
También se refirió Ramón García a la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que reconoce a Prosagunsa como propietaria de los terrenos: «La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de diciembre del 2010, falla en el mismo sentido, diciendo: “En definitiva, dichos terrenos pasaron a propiedad del concesionario cuyo título de propiedad… lo constituye…la concesión dada por RO de 11-8-1902, previa a la Ley de Costas de 1988, cuya disposición transitoria segunda por ello es aplicable”, disposición que dice: “Los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de cláusula concesional establecida con anterioridad a la promulgación de esta Ley, serán mantenidos en tal situación jurídica, si bien sus playas y zona marítimo-terrestre continuarán siendo de dominio público en todo caso.”».
Más adelante, García se refirió a la caducidad de la concesión: «Y la situación jurídica, como dice la disposición, la determinan las cláusulas concesionales, o en palabras del Tribunal Supremo, la ley de cada concesión son sus cláusulas concesionales, que en el caso del Malecón conducen inexorablemente a la caducidad de la concesión que debería haber realizado ya la Administración en el año 1987, cuando la CMSM paró su actividad y entró en liquidación y sigue sin hacerlo».
Declaración de caducidad
En este sentido aclaraba el representante de la plataforma, durante su intervención en el pleno: «por tanto, no hay que atacar la sentencia de la APV, al contrario, hacer que la Administración la cumpla en sus estrictos términos y, por tanto, exigir a la Administración la declaración de caducidad de la concesión, por motivos más que evidentes, para que cesen todos los derechos de propiedad particular sobre El Malecón». Añadiendo, a continuación: «en síntesis, la propiedad es de la inmobiliaria mientras la Administración no declare la caducidad de la concesión, así que durante más de 30 años se nos viene usurpando a todos el disfrute de ese espacio de situación privilegiada».
Por otro lado y respecto al deslinde, García dijo: «En cuanto al deslinde, a pesar de que el Tribunal Supremo, en la sentencia de 3 enero del 2002, falló que no había ningún motivo para hacer un nuevo deslinde que sacara el Malecón de la Zona Marítimo Terrestre, la Administración con la ministra del PP Isabel García Tejerina a la cabeza, lo hizo, deslinde que, recurrido por el Ayuntamiento, la Audiencia Nacional en su sentencia de junio del 2018 volvió a fallar lo mismo, que no había motivos para sacar el malecón de la Zona Marítimo Terrestre».
Sin embargo, también significó Ramón García que el cambio del Gobierno en España no incidió en que se modificara el criterio: «Y a pesar de ello, la Administración de la ministra Teresa Ribera, del PSOE, vuelve a insistir con un nuevo deslinde cuya esperpéntica configuración, para más INRI, es una humillación y un escarnio para toda la ciudadanía».
Concluyó su intervención en el pleno apelando al bien común: «Por ello, por el bien común, se impone que todos los concejales del ayuntamiento, los 25, y el alcalde el primero, utilicen todos los resortes en sus manos, tanto administrativos, como judiciales o políticos, para que, en virtud de la sensatez, la legalidad y la Constitución, el Malecón pueda definitivamente transformarse en un espacio verde y público para disfrute de todos los españoles y, en especial, los de nuestro municipio. Porque ya vale, y como se dice, caiga quien caiga».
