Con la aprobación por parte del Congreso de los Diputados del CETA (acuerdo de comercio e inversión entre la UE y Canadá), hemos leído, oído, a través de los medios de comunicación, declaraciones, análisis, reflexiones interesadas, tachando a aquellos/as que mantenemos posiciones contrarias a semejante tratado, de volver a posiciones proteccionista frente a la libertad y progreso que nos ofrece – según ellos/as- el libre comercio y la globalización. Claro obvian que el propio CETA “regula” unas reglas del juego que sitúan, al margen de los Congresos y Constituciones nacionales a las grandes corporaciones transnacionales como los nuevos amos del mundo.

La lógica de su discurso es evidente, asocian capitalismo, globalización y libre comercio con libertad y progreso, tal y como manifestaría en su momento Hans Tietmeyer, presidente del Bundesbank entre 1993 y 1999 quien manifestaría que “los políticos deben de aprender a obedecer los dictados de los mercados”. En este marco hay que situar el CETA al igual que el TTIP, en el marco de la superación de los Gobiernos Nacionales y su supeditación a las grandes corporaciones transnacionales.

Para ello, el CETA desregula derechos y privatiza servicios, incluyendo dos clausulas denominadas Ratchet que asegura que los servicios privatizados no vuelvan a ser rescatados por la gestión pública y la cláusula Standstill que profundiza en las privatizaciones y su control por empresas extranjeras. Es decir, desregular la protección y derechos de trabajadores/as, medio ambiente, consumidores...y convierte a los Estados Nacionales en meras comparsas.

Para que no se quede ningún resquicio abierto se dotan de lo que se denomina Tribunal de Inversión (ICS), que otorga a las Corporaciones Transnacionales el derecho de demandar a los Estados en tribunales arbitrales si los Estados aprueban una Ley o normativa contraria a las clausulas anteriormente expuestas y a sus intereses. Tribunales que se sitúan al margen de las legislaciones nacionales.

Es decir todo un proyecto de desregulación previamente regulado y planificado que genera obligatoriamente una reflexión en el sentido de ¿se puede llamar democracia al capitalismo, al libre comercio y la globalización? La respuesta la dio el teórico francés Alain Minc cuando dijo “el capitalismo es el estado natural de las sociedad, la democracia no”.

Lo más grave es que el conocimiento y debate de los contenidos del tratado han sido hurtados a los/as ciudadanos/as y el trabajadores/as. Durante 9 años lo han elaborado a puerta cerrada, limitando incluso a los diputados europeos el acceso a su contenido. A pesar de ello, se ha ido conociendo por filtraciones sus pretensiones hasta que por fin ha salido a la luz con fuertes contestaciones sociales. 3,5 millones de personas en Europa han firmado en contra del CETA y 2.300 Gobiernos regionales y locales se han declarado territorios libres del CETA y del TTIP.

A la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudie su legalidad es perentorio que las movilizaciones sociales en toda Europa se intensifiquen ante un tratado que definitivamente supedita los Estados al Capitalismo más feroz.

Fernando López-Egea López