No entiendo —quizá soy muy ignorante— cómo una mayo-ría de los políticos no son consecuentes con sus ideas, con su forma de pensar y de actuar, con sus críticas hacia lo que está mal hecho o es mejorable, con sus preferencias sobre quién debe pagar más impuestos, o sobre quién debe tirar más del carro del país para que no se atasque y siga adelante. Y digo esto, porque es muy fácil (alguien me dirá que muy cómodo), desde cualquier «oposición», criticar lo que hace el gobierno de turno, pero no actuar en consecuencia cuando se ha subido un peldaño (o varios) y se ha alcanzado el Gobierno. Lo estamos viendo todos los días, y a todos los niveles. A nivel nacional, a nivel de comunidad y a nivel de ayuntamiento (los sucesivos gobiernos que nuestro ayuntamiento de Sagunto ha tenido últimamente no se escapan a esta apreciación). Y con frecuencia ocurre una cosa curiosa. Curiosa, pero que a mí no me parece digna ni honrosa: Cuanto más criticamos una posición, una postura, un planteamiento o una actitud, más caemos después en ella o en él.

 

Hablamos de que no habría que subir los impuestos a las rentas más bajas (por ejemplo), y cuando llegamos al poder son las primeras que subimos. Hablamos de incrementarlos a las clases poderosas, y después, no sé por qué juegos malabares, se los bajamos (o se escapan por la tangente). Hablamos que con dos o tres concejales liberados es suficiente, y cuando llegamos a la Alcaldía multiplicamos ese número por cuatro o por cinco. Hablamos de que no son necesarios ciertos asesores, y después tenemos más y algunos sin ni siquiera estudios básicos.

 

Sé que estas palabras no van a producir sonrojo en nadie, porque nadie se va a sentir aludido; es más, es fácil que nadie de los que deban sentirse señalados las lea. Aquí siempre pasa lo mismo. Hasta que uno no pone los puntos sobre las íes, o no acusa claramente, por ejemplo, al señor Pérez, concejal de urbanismo de «tal población», a la señora Sansilvestre, ministra de «loquesea», o al señor Cupido del Corral, alcalde en funciones de Fresnilla de Abajo (por poner algunos ejemplos ambiguos. Alguien los verá incluso graciosos, aunque no lo sean). Hasta que no se produce eso, como digo, no se moviliza nadie; y entonces se movilizan sólo para poner querellas contra aquellos que les acusan de algo que ellos consideran «injusto» (las denuncias siempre son injustas para los que las reciben. No conozco a nadie, al que hayan denunciado, que piense que lo han hecho con razón); y arman todos los revuelos posibles para salirse de rositas y que la correspondiente sentencia sea favorable o absolutoria, único modo para muchos de salir indemne del atolladero y que su gestión se considere la adecuada, o, al menos, se crea invulnerable.

 

Siempre es importante recurrir a los tribunales para ellos, porque, entre otras cosas, puede existir falta de pruebas; se pueden haber cumplido los plazos que marca la ley; puede que no acudan a declarar algunas partes testificales importantes; se traspapelen ciertos documentos y se pierdan; o, simplemente, al juez de turno le caiga bien el acusado o el denunciado, o ese día esté de buen humor, y lo absuelva.

 

Sé también que es más fácil decir las cosas (o criticarlas) que después hacerlas, creo haberlo comentado ya en alguna ocasión, aunque no hace falta decirlo de nuevo porque es obvio; pero eso no debe de ser ningún obstáculo para actuar de forma completamente distinta a como durante mucho tiempo se ha predicado.

 

No sé si realmente se me entiende todo esto, porque no sé si hay alguien que puede asumir con total responsabilidad su «irresponsabilidad» política, y no entiendo por qué, si cada uno debemos responder por nuestro trabajo ante nuestra empresa, nuestro jefe o nuestro mando superior, y si no cumplimos con nuestra obligación se nos puede despedir o sancionar, esta misma medida no se aplica a los políticos, y se les obliga a dimitir.

 

Pero no. Aquí no dimite ni Dios. A lo sumo se les hace dimitir cuando la irresponsabilidad (o el delito) es tan flagrante, que ya no se puede de ninguna manera ocultar el estropicio o el desfalco, y la mayoría de las veces, por no decir todas, se circunscribe a hacer dimitir a alguien cuando ha metido la mano en la caja de una manera tan clara, que es imposible ya ocultar.

 

Por lo demás, aquí no pasa nunca nada. A seguir viviendo del cuento, de las prebendas de esa categoría tan aristocrática que el poder político ofrece a cualquiera, y de esa «autoridad» que hace a quien la posee ser un ciudadano tan respetable y tan ilustre.