El gobierno en funciones del PP, ha encargado al profesor Marina la elaboración de un documento base para una nueva ley educativa en nuestro país, una hoja de ruta que se quiere denominar el libro blanco para el pacto educativo.
Como docente durante 39 años y ya jubilado, pienso que antes de cualquier divagación es necesario paralizar la LOMCE y revertir los recortes para el buen funcionamiento de nuestro sistema educativo, por lo que veo ilegitimo esta hoja de ruta del pacto educativo del profesor Marina. Pues como he indicado anteriormente la paralización de la LOMCE y la reversión de los recortes son una urgencia para nuestro sistema educativo, como ha demandado insistentemente la Plataforma para la escuela pública y por partidos y colectivos sociales, y aprobada por un parlamento con un gobierno en funciones, que hizo caso omiso en poner en funcionamiento lo que exigía la democracia elegida por los españoles y respaldada por toda la comunidad escolar.
Esto que acabo de enunciar es una urgencia para que nuestro sistema educativo no siga creciendo en privatización y en desigualdad y expulsando al alumnado más vulnerable de las aulas.
Pienso, sin temor a equivocarme, que una persona sola no puede arrogarse la representación de la sociedad civil para elaborar un libro blanco, que no tiene legitimidad porque no representa a un colectivo, movimiento ciudadano, grupo de profesionales o sector de la comunidad educativa o de la sociedad.
José Antonio Marina (con todos mis respetos), tuvo el encargo del gobierno del PP para realizar el denominado “libro blanco de la profesión docente”, ahora vuelve, por su cuenta, a proponer una “ hoja de ruta para un pacto educativo”, invitando a que la firmen los principales partidos políticos. Ya desde muchos colectivos de educación se le respondió cuando, según afirma, por encargo de una universidad privada (es director de la cátedra Nebrija-Santander de Inteligencia Ejecutiva y de la Educación) convocó a los partidos para ofrecerles su voluntad de redactar ese pacto educativo. En esta ocasión, vuelve a la carga y plantea una “ hoja de ruta” con unas determinadas condiciones que expone en el documento que se debe firmar, estas condiciones son las siguientes:
– El partido que gobierne tras las elecciones se compromete, con la ayuda de la oposición, a mantener la LOMCE en vigor mientras no dispongamos de una ley de educación.
– La escuela pública puede desarrollarse, como indica la Constitución, a través de una doble red: pública y concertada.
– Los partidos firmantes reconocen que “ el éxito educativo” es más amplio que el “éxito escolar”.
– El sistema educativo debe ayudar a desarrollar al máximo las competencias de todos los alumos, fomentar una educación cívica y ética, y prepararles para la inserción en el mundo laboral.
Y otros aspectos, que desde su única reflexión formula, obviando el trabajo de análisis y debate público y de construcción colectiva, que buena parte de la comunidad educativa ha venido realizando durante los últimos años con redes, organizaciones políticas y sindicales y movimientos y entidades sociales.
Un pacto educativo no surge de un conocimiento experto particular, ni de una sola concepción de ideas que ya han sido rechazadas por la mayoría de la comunidad educativa. Tampoco puede partir de una serie de obligaciones previas que benefician a una determinada forma de pensar y actuar en educación. José Antonio Marina, con todos mis respectos, como si lo hubiera propuesto yo , se entromete en caminos que desconoce y se pierde en los senderos del protagonismo más interesado. Parece considerarse el adalid educativo del país sin contar con la ciudadanía, sus movilizaciones, la lucha frente a la LOMCE, las “mareas” organizadas, su experiencia y conocimiento, sus declaraciones, textos y acuerdos alcanzados.
La educación como “bien común” procede y se agota en la sociedad civil, es ella la que debe marcar el territorio en donde el derecho a la educación se debe definir. Los gobiernos son los gestores de ese derecho, ningún sujeto aislado, ninguna organización o institución privada puede marcar, por su cuenta y riesgo, las reglas de juego ni la ruta de un pacto que pretenda la estabilidad en el enunciado de ese derecho. Nuestra sociedad es lo suficientemente madura como para definir las reglas y las rutas que demanda a sus representantes. Por favor, no más autoproclamados “salvadores”Este proceso que el PP ha iniciado no me parece propio de una sociedad democrática. No puedo concebir que sea un centro privado y elitista como la Universidad Elio Antonio de Nebrija quien se arroje la facultad de encargar a una persona y a su equipo, vinculado además en su mayoría a centros privados, la elaboración de un “ libro blanco para el pacto educativo” o una “ hoja de ruta para un pacto educativo”. Entiendo que la comunidad educativa y la ciudadanía en general deben ser protagonistas directos en la elaboración de esta ley y no limitarse a hacerlo a través de un “ buzón de sugerencias” como mecanismo de pseudoparticipación similar a lo realizado con la LOMCE.
Ximo Estal Lizondo
Sindicalista de Enseñanza de CCOO del Camp de Morvedre y Alto Palancia
