Al president Puig y al conseller Marzá, no parece que les haya hecho demasiada gracia la concentración, festiva pero reivindicativa, que tuvo lugar el pasado domingo en defensa de la educación concertada en nuestra Comunitat. Cuando cuarenta mil personas piden que se reconsidere la postura de la Generalitat (ahora ya no quieren decir Valenciana) sobre el sistema educativo y que se mantenga la educación concertada como elemento que permite completar el sistema, supone un ahorro considerable para las arcas públicas y, además, posibilita la libertad de elección a los padres, lo que no parece normal es que president i conseller respondan con un ataque a los organizadores del acto, alegando que es una manipulación de la libertad de expresión por parte del Partido Popular.
Probablemente, como dice el refrán, piensa el ladrón que todos son de su condición y recuerdan, con añoranza, los tiempos en que eran ellos quienes encabezaban las manifestaciones en contra del Consell. El uso partidista que la izquierda valenciana ha hecho de la opinión pública durante todos los años que ha estado en la oposición, ha sido clamoroso, repetitivo y, en algunos casos, hasta insultante. Ejerciendo, en su momento, de profetas del falso paraíso, se aliaban con quien fuese para hacer ruido contra las políticas del Consell popular, sin dudar en instrumentalizar cualquier asunto para convertirlo en un ariete más contra cualquier iniciativa que se llevase a cabo y prometiendo grandes mejoras con su llegada a las instituciones. Pero no es lo mismo ser oposición que gobernar, y quienes tanto criticaban las políticas aplicadas en aquel momento, se dan cuenta de que, después de un año, no han sido capaces de corregir nada, salvo por el camino de la imposición, la prohibición y la reapertura de debates estériles, ya enterrados por la opinión pública, que son, hasta el momento, las banderas que identifican al Pacte del Botànic.
Esta izquierda, que resulta mucho más tolerante con las violentas protestas antisistema que con las reivindicaciones festivas y pacíficas, reclama ahora una calle tranquila y sin concentraciones, sin soportar que nadie levante la voz contra ellos y pretendiendo, ellos sí, instrumentalizar cualquier protesta, poniéndole la etiqueta del Partido Popular, como si eso fuera algo que hiciese espantar a la ciudadanía.
Alegar que una protesta ciudadana es un acto de pre-campaña supone un insulto a la inteligencia de los organizadores del acto y de todas aquellas personas, de distintas ideologías, que participaron en la manifestación defendiendo el mantenimiento de la libertad de elección y de las dos opciones educativas. Que, en esta reivindicación, hubiese representantes y simpatizantes del Partido Popular hay que verlo con la mayor normalidad. No en vano, es un ataque frontal contra la política educativa que se construyó durante sus años de gobierno en la Generalitat Valenciana (entonces no había ningún tipo de vergüenza en reconocer la valencianía de nuestra principal institución). Que, mayoritariamente, haya votantes del Partido Popular es, igualmente, comprensible. Probablemente, lo que olvidan Puig y Marzá es que el Partido Popular ganó las elecciones autonómicas y, aunque no se le permitiera gobernar, cuenta con un porcentaje de electorado y, por extensión, de ciudadanía, más amplio que cualquier otra opción política en la Comunitat Valenciana.
Los ciudadanos tienen derecho a expresarse, de la misma forma que los gobernantes tienen el deber de escucharlos y atenderlos. Censurar una protesta, sea por el asunto que sea, no solo es una actitud que refleja un bajo talante democrático, sino que además orienta la postura del sillón del Gobierno de espaldas a esas ventanas que permiten ver lo que fuera se necesita, se piensa y se expresa y permite airear, con las oportunas conclusiones, las políticas a aplicar. Con las ventanas cerradas para evitar el ruido, nunca se puede saber qué pasa en la calle y resultará mucho más complicado acertar en la orientación de la acción de gobierno.
Quiero pensar que, este caso, ha sido un ejemplo de ventanas cerradas, de no querer ver ni escuchar nada que no se ajustase a los ejes marcados por la Conselleria, de no considerar necesario atender una propuesta ciudadana que pretendía alterar esa hoja de ruta. Solo así, con esa ceguera y sordera política, se puede entender esas críticas a la manifestación que, lo último que pretendía, era una respuesta de mala educación.
Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites
