Leyendo con detenimiento la nueva Ley de Formación Profesional que el gobierno ha aprobado en el Senado, hay que valorar la incorporación del fortalecimiento del protagonismo de las organizaciones sindicales y empresariales en la gobernanza del Sistema, la recuperación de los remanentes de crédito destinados a las iniciativas de formación de un ejercicio para el siguiente o la potenciación de la red pública de centros de formación y su correspondiente financiación. Esta nueva Ley será publicada en las próximas semanas.

El texto definitivo de la nueva Ley de Formación para el Empleo en el ámbito laboral reafirma la participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, a las que corresponde la participación institucional en la gobernanza del sistema, diferenciándolas de otros actores sociales, como las asociaciones de autónomos o de la economía social que aportan información y asesoramiento sin formar parte del gobierno del sistema.

Otro aspecto de gran valor es la recuperación de la red pública de centros para la formación en el ámbito laboral con su financiación a través de una partida específica en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que deberá reflejarse expresamente en los presupuestos del próximo año.

De la misma forma, la nueva Ley introduce la recuperación de los remanentes del crédito destinados a la formación que puedan producirse al final de cada ejercicio. Aspecto este que las organizaciones sindicales como empresariales llevaban muchos años reivindicando: la reanualización de los fondos procedentes de la cuota de formación profesional, de tal modo que los remanentes de crédito no se pierdan en las arcas generales del Estado y se destinen a su finalidad: la formación de los trabajadores.

Por ello, es un éxito, de la lucha sindical que la nueva Ley haya tenido en cuenta una histórica reivindicación que revertirá en la mejora del Sistema.

Sin embargo, hay que lamentar la oportunidad perdida en el trámite parlamentario para haber incorporado aspectos de importancia para la eficiencia y eficacia del sistema tanto en la iniciativa de demanda como en la formación de los desempleados. Por otro lado, no se han integrado aspectos como la mejora de la intervención sindical en la formación programada por las empresas, con el desarrollo de los derechos de los representantes de los trabajadores tal y como sucede en la regulación todavía vigente.

También se debe desarrollar normativamente la creación de la futura Fundación Estatal para la Formación en el Empleo que sustituirá a la actual Fundación Tripartita en sus funciones, destacando el impulso y difusión del Sistema, la promoción de la mejora de la calidad o la asistencia y asesoramiento a las PYME y la orientación a los trabajadores.

Por otro lado, a su paso por el Senado, la nueva Ley ha mantenido la formación de los empleados públicos dentro de las iniciativas de formación del Sistema. La fórmula idónea de gestión debería negociarse en la Mesa de la Función Pública, y sobre la base del diálogo social, y a través de su propio acuerdo, tal y como se ha hecho todos estos años atrás. Es ahí donde se debe determinar el mejor modo de su adaptación a los preceptos de la nueva Ley de Formación y, por ende, las características que han de definir este tipo de formación.

Ximo Estal Lizondo
Sindicalista de CCOO de Enseñanza del Camp de Morvedre y Alto Palancia