Los poderes económicos siempre pretenden, para aumentar sus ganancias, hacerse con el dinero público que proviene de las rentas del trabajo e impuestos que paga toda la ciudadanía. Ocurrió con las grandes empresas públicas de nuestro país, que fueron privatizadas, debido a las políticas económicas e industriales neoliberales iniciadas por el gobierno de Felipe González y con mayor intensidad con el gobierno de JM. Aznar. Telefónica, Tabacalera, Endesa, Repsol, Argentaria, Iberia, Seat, entre otras compañías que ya eran rentables antes de su privatización y que en poco tiempo, amortizaron el precio pagado al Estado y, a partir de ahí, más beneficios. Eran empresas en sectores estratégicos para nuestro país. Esa dinámica se ha seguido con la Sanidad Pública, que con un deterioro constante, aun no se ha recuperado de los recortes del PP, lo que se traduce en más de 12 millones de españoles/as con seguros médicos privados. El gasto en sanidad privada ya representa el 30% del gasto sanitario total. Lo mismo ocurre con la enseñanza pública, cuyas clases se masifican para deteriorar el servicio y la calidad, frente al negocio de la escuela privada, que ya representa más del 20% del gasto total en educación.
Y como su voracidad económica no tiene límites, quieren hincarle el diente a las pensiones públicas, que representan en nuestro país, cerca de 200.000 millones de euros anuales. Para tal fin, el PP y la caverna mediática, insisten en la insostenibilidad o quiebra del sistema de pensiones. Nunca han acertado sus pronósticos, pero generan incertidumbre y temor en los pensionistas y ciudadanía en general, sobre todo en las personas jóvenes, con el objetivo de potenciar planes privados individuales de pensiones.
El acceso a una pensión suficiente, en un Estado social y democrático de derecho, no puede considerarse como gasto, sino un derecho que igual que la sanidad o educación pública, hemos conquistado la clase trabajadora y, por tanto, son nuestros. La Constitución española determina que «Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos/as durante la tercera edad». Las pensiones son el elemento central del estado del bienestar, especialmente para la clase trabajadora, ya que es la principal o única fuente de ingresos, una vez se abandona la vida laboral y, además, incide de forma beneficiosa sobre el consumo, la demanda interna y la creación de empleo.
El sistema de pensiones es parte indivisible del Estado y es, por tanto, una función de este, que solo puede quebrar si el Estado también lo hace. Por eso, resulta tendencioso escuchar o leer en medios de comunicación conservadores que el Estado tiene que prestarle dinero al sistema de pensiones para garantizar el pago de estas. En democracia, nuestro sistema de pensiones tiene tanta o más importancia, que el sistema financiero y bancario al que rescatamos con más de 70.000 millones de euros de dinero público, que, por cierto, no hemos recuperado, que las ayudas a la Iglesia Católica, valoradas en 12.000 millones de euros anuales, que la retribución del ejército y gastos militares, de la policía, de jueces con el mandato caducado hace años, así como de la monarquía que pagamos con nuestros impuestos. Si, además, con nuestros impuestos, el Estado financia obra pública, aeropuertos, puertos, trenes de alta velocidad, material de guerra, por citar algunos ejemplos, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con las pensiones? Ya se ha hecho en alguna ocasión de forma temporal, sobre todo después de que M. Rajoy esquilmara el fondo de reserva dotado con 77.000 millones de euros, sin dar explicaciones.
Nuestro sistema de pensiones público es viable y tiene superávit. Así lo reconoce el Tribunal de Cuentas cuando manifiesta que el sistema de pensiones tendría cerca de 150.000 millones de euros de superávit, si de los ingresos a la Seguridad Social, mediante las cuotas que pagamos los trabajadores/as, cuota patronal incluida como salario diferido, ya que forma parte de los costes laborales que se trasladan al precio de los productos, no se pagaran gastos indebidos: sanitarios, complementos a mínimos etc., que no son pensiones contributivas y, por tanto, le corresponde al Estado y no al sistema de pensiones.
Es decir, el Estado adeuda todo ese dinero a la Seguridad Social, siendo este una de las causas de su endeudamiento y de las tensiones de liquidez que han afectado al sistema de pensiones. Hay estudios que contemplan una duración mayor de tiempo, que cifran la deuda en más de 500.000 millones de euros. Además de lo anterior, el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del anterior gobierno de coalición PSOE-UP y aprobado por la Comisión Europea, garantiza la sostenibilidad del sistema público de pensiones a largo plazo. Es decir, con voluntad política, las pensiones públicas están garantizadas para futuras generaciones.
Hablemos claro, de la misma manera que se deteriora la sanidad pública o la educación, para darle marcha a la oferta privada de uno y otro sector, que, como he dicho, va cada vez a más; con los fondos de la Seguridad Social se han pagado mil cosas ajenas a las pensiones a lo largo de los años para producir artificialmente un déficit que ponga en cuestión la viabilidad del sistema, pero aquí no nos chupamos el dedo. No es ningún secreto que el Partido Popular y Vox están por la sanidad y la educación privada y por un sistema de pensiones por capitalización individual obligatoria, como el que implantó en Chile el dictador Pinochet, siguiendo las recomendaciones neoliberales de los Chicago Boys, alumnos aventajados de Milton Friedman.
José María López Barquero
