IU y el PCE fueron las únicas fuerzas políticas de se opusieron a los criterios de convergencia y tratado de Maastricht. Aquellos criterios de convergencia, hoy vigentes, entorno al control de la tasa de inflación, reducción del déficit y pago de la deuda, genero la aplicación de medidas entorno a lo que luego se denominó Planes de Austeridad, basadas en la contención salarial, las privatizaciones del sector público, la prohibición de políticas expansivas orientadas para crear empleo o medidas prohibitivas para que el Banco Central Europeo prestara dinero a los Estados de la Unión.

 

Aquel tratado que sentó las bases de la política económica y monetaria hasta nuestros días y que genero una importante contestación de la izquierda alternativa Europea, incluyendo un Referéndum en Holanda que lo rechazo, debe ser recordado hoy cuando observamos en Ayuntamientos y Gobiernos Autonómicos la tutela financiera y medidas coercitivas a las que se ven sometidos.

 

Si en el Ayuntamiento de Sagunto, se han llegado a presentar informes técnicos hablando claramente de la imposibilidad de llevar a cabo políticas para ejecutar planes de Empleo o recuperación de servicios privatizados, basándose en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la intervención de Montoro del Ayuntamiento de Madrid, es de tal gravedad que no puedo dejar de denunciar semejante intrusión de un Gobierno y un partido como el del Partido Popular repleto de casos de corrupción, amnistías fiscales, sobresueldos, medidas políticas y económicas que basadas en la austeridad y los recortes sociales, lejos de reducir el déficit o la deuda, la han acentuado a pesar de sacrificar de forma perpetua políticas que condenan al paro, la precariedad y la pérdida de poder adquisitivo a millones de trabajadores/as.

 

Esta intervención a raíz de la aplicación del artículo 135 de la C.E. aprobada por el PP-PSOE y que prioriza el pago de la deuda por encima de la sanidad, la educación, la generación de empleo... se ha visto con toda su crudeza en el Ayuntamiento de Madrid. Quiero recordar que estamos hablando de un Ayuntamiento que actualmente tiene un superávit de 2016 de 1.022 millones de euros y que ha conseguido reducir la deuda. Pues bien a pesar de ello, el señor Montoro dice que los gastos municipales han crecido más que la regla de gasto. Vamos que cuando se obtenga mayores ingresos de los previstos, estos no se destinaran a financiar nuevos gastos por muy sociales y necesarios que sean, sino a reducir deuda. Esta medida de la regla del gasto es para todos los Ayuntamientos, incluido el de Sagunto. De ahí los planes Económicos-financieros.

 

Esta barbaridad de control del gasto y pagos de una deuda muchas veces ilegitima y odiosa, que padece en última instancia los trabajadores/as y ciudadanos/as con las privatizaciones y recortes sociales, obedece a un camino trazado por el capital internacional y la derecha neoliberal que quieren perpetuar a pesar de la existencia de crecimiento económico.

 

Pero el intervencionismo del Gobierno de Rajoy, es decir el intervencionismo de los amantes de la libertad de mercado y de la liberalización auspiciada por la Escuela de Chicago, es un intervencionismo para impedir que se pueda aplicar por parte de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, políticas basadas en la generación de empleo, políticas sociales y protección de los más necesitados. Los ejemplos son múltiples y variados. Hace unos días el Gobierno del PP recurrió al Constitucional las Leyes del Gobierno Valenciano para paliar la pobreza energética y función social de la vivienda. Esta acción no es nueva, ya lo hicieron en Andalucía con la Ley de la Vivienda que puso en marcha IU, con la Ley del Gobierno Catalán para paliar la pobreza energética o para aplicar políticas de igualdad de género entre hombres y mujeres, sin olvidar el Estatuto de Autonomía Catalán que una vez aprobado por el Congreso de los Diputados y por el Pueblo Catalán, puso la maquinaria en marcha para reducirlo a su mínima expresión.

 

Es decir, tenemos un gobierno que gobierna contra la clase trabajadora, contra los pensionistas, contra los dependientes, contra las mujeres, contra los pueblos, convirtiéndose en garante de los derechos de las clases altas y ricas. Lo triste, preocupante y desesperante es que a pesar de lo que ha llovido y está lloviendo sigan recibiendo el apoyo de tanta gente.

 

Para completar los despropósitos, el Gobierno del PP, el PSOE y Ciudadanos aplica de forma absolutamente ilegal el 155. ¿Por qué digo ilegal? Muy sencillo. El artículo 155 no dispone de desarrollo mediante Ley Orgánica. No existiendo Ley Orgánica, no cabe más que la interpretación literal del artículo tal y como se recoge en la Constitución, no pudiéndose dejar a la libre interpretación del Gobierno. Pues bien, se ha dejado a la libre y desproporcionada interpretación del artículo. Si lo leemos detenidamente vemos que el articulo dice literalmente que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan... previo requerimiento del Gobierno al Presidente de la Comunidad Autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la Mayoría Absoluta del Senado, podrá adoptar medidas para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones”. Pues bien, es difícil obligar al cumplimiento de dichas obligaciones a alguien desde la cárcel intentando resolver un problema político por la vía judicial.

 

No voy a profundizar en la situación de Cataluña ya que ya he publicado en este mismo medio dos artículos, pero si decir que nadie está analizando el conflicto político desde un punto de vista de clase, generándose un enfrentamiento entre trabajadores/as catalanes y españoles/as. La izquierda siempre ha sido internacionalista, Marx siempre hablo de la unidad de la clase trabajadora entorno al trabajo, las condiciones, las prestaciones, la plusvalía, los medios de producción, las coberturas sociales, las conquistas de derechos... hoy veo como dos nacionalismos, el catalán y el español están consiguiendo dividir los intereses de clase de la clase trabajadora. Y digo esto desde la convicción de la izquierda, reconocido por el propio Lenin y la Constitución de la Unión Soviética, cuando se cumple el centenario de la revolución del 1917, del derecho de los pueblos a la Autodeterminación.

 

Esperando que lejos de las banderas, los eslóganes y lo emocional, seamos capaces de ver más allá del árbol desde la razón, el pensamiento colectivo y la construcción de nuevas lógicas y propuestas. Quiero hablar de cómo aplicar políticas orientadas al pleno empleo, a la plena cobertura social, a la sanidad y educación pública, universal y gratuita, al derecho a la vivienda digna y accesible, a desarrollar métodos de democracia participativa, de más recursos y competencias para los Ayuntamientos...

 

Para ello, es imposible repito, si el árbol no nos deja ver el bosque.