El viernes pasado se aprobó en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la ley 22/1988 de ostas. Desde que accedió al Gobierno el Partido Popular ha tomado decisiones y abordado problemas que se tenían que resolver, con valentía y con trabajo para el beneficio de nuestra sociedad. Esta reforma de la ley es un claro ejemplo de ello. Dejar pasar los problemas sin afrontarlos es una mala política; los problemas cada día se van haciendo mas grandes y al final pesan demasiado para ser resueltos; pero gobernar significa tomar decisiones, afrontar problemas, resolver situaciones insostenibles, dar seguridad jurídica, evitar los agravios comparativos. En definitiva, dejarse la piel para mejorar la vida de todos los ciudadanos.

Esta reforma aborda la realidad actual, por eso resuelve dos de los puntos mas débiles de la anterior ley; protege y preserva el desarrollo sostenible de nuestra costa, y dota de seguridad jurídica a la actividad económica que se mueve entorno a ella.

La nueva Ley de Costas es más respetuosa con el medio ambiente y contempla cláusulas para reforzar su protección. La ley impide nuevas edificaciones en la costa. Prohibe edificar en el dominio público marítimo terrestre. Prohibe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie. Exige la eficiencia energética y de ahorro de agua en las obras que se autorizan realizar en los edificios de la costa. Se establece una regulación innovadora para actuar contra el cambio climático sobre la costa, de acuerdo con las normas y criterios científicos asumidos: se determina la posibilidad de declarar tramos de dominio público marítimo terrestre en situación de reversión grave, y se establecen las medidas adecuadas para la protección y, en su caso, adaptación del dominio público marítimo terrestre. Se prevé la suspensión por parte del Delegado del Gobierno las actuaciones ilegales en la costa, para evitar que se vuelvan a dar situaciones como la de Algarrobico. Se diferencian los tramos urbanos de los tramos naturales, incrementando la protección de estos últimos y sólo se admitirán eventos en playas que garanticen su completa conservación medio ambiental.

Pero todo este respeto medio ambiental tiene que ir de la mano de la actividad económica y más en una comunidad como la nuestra, donde la gastronomía, el sol y la playa son nuestros principales reclamos turísticos. Por eso, en un momento de dificultad económica, hay que dar facilidades y seguridad a los sectores que crean empleo y, sin duda, la hostelería es uno de ellos. Es por esto que el PP de la Comunidad Valenciana lleva años luchando junto al sector hostelero para garantizar la continuidad de los restaurantes y establecimientos de playa, consiguiendo que la nueva Ley de Costas de tranquilidad y seguridad jurídica al prolongar las concesiones a 75 años y las autorizaciones de 1a 4 años; también se podrán hacer transmisiones mortis causa e intervivos. Estas nuevas premisas son fundamentales para la Comunidad Valenciana, ya que el sector turístico es un pilar fundamental que representa el 13% de nuestro PIB y más de 5.000 puestos de trabajo.

Por todo esto podemos decir que con la nueva Ley de Costas damos un salto cualitativo y cuantitativo, acabamos con los agravios comparativos entre comunidades autónomas, preservamos la sostenibilidad del medio ambiente en nuestras playas, regulamos el urbanismo en nuestra costa y mejoramos las condiciones turísticas.