El pasado siete de septiembre se celebró una reunión entre el comité de empresa de Pilkington Automotive y altos directivos de la multinacional. La asistencia a este encuentro de Stephan Rosebrock y Graziano Marcovecchio, hacía temer lo peor, como efectivamente se confirmaba poco después, cuando el presidente de la representación social, Rubén López Redondo, trasladaba a los trabajadores concentrados en los accesos a la factoría que la compañía había tomado la decisión de cerrar la línea de laminado.
Cuando faltan unas fechas para cumplirse dos meses de aquella reunión, el comité de empresa comunicaba ayer jueves, 28 de octubre, que en la tarde del miércoles, 27 de octubre, la dirección de la planta de Pilkington NSG Sagunto, envió un mail al comité de empresa por el que se comunicaba oficialmente que el próximo día 4 de noviembre se fija la primera reunión a las 15:00 horas para iniciar el periodo de consultas, de 30 días naturales de duración, ante su intención de realizar un despido colectivo. A tal efecto, la empresa ha solicitado la constitución de la comisión negociadora, indicando que debe de estar formada por un máximo de 13 miembros por cada una de las partes.
Según explicaban en un comunicado desde el comité de empresa, esta comunicación oficial implica «el inicio del procedimiento legal para desmantelar la producción de la Línea de Laminado de Sagunto, llevándosela a otra planta fuera de España y dejando con ello al resto de la planta productiva de Sagunto tocada y herida de gravedad. Esto se puede traducir en la ejecución de un gran número de despidos de manera inmediata y la pérdida del resto de los puestos de trabajo a corto plazo».
Ante este escenario, los miembros del comité de empresa han tomado la decisión de convocar un pleno extraordinario para el próximo martes, 2 de noviembre, donde analizarán la situación y propondrán las acciones pertinentes para hacer frente a una «agresión» de tal magnitud por parte de la multinacional. Así mismo, una vez sea presentada la documentación, se dará traslado al conjunto de la plantilla en la asamblea general que se convocará a tal efecto.
Gran manifestación
Una vez que ya han quedado claras las intenciones de la empresa, de proseguir avanzando en la línea de cerrar instalaciones vitales para el futuro de la factoría, el comité de empresa, que, hasta la fecha, ha centrado su actividad en reuniones con la dirección de la planta y en mantener contactos a nivel político, tendrá que preparar una estrategia de cara a defender la continuidad de la industria y los puestos de trabajo o, en el peor de los casos, conseguir las mejores condiciones económicas para los despedidos.
Como señalaba el comité, de todo esto se tratará en el pleno de este órgano que se celebrará el próximo día dos y de donde saldrá, casi con toda seguridad, la convocatoria de una gran manifestación a celebrar en la segunda quincena de noviembre, aunque todavía no se ha determinado la fecha, podría ser el jueves día 18. En todo caso, todas estas medidas tendrán que ser tratadas y aprobadas por la asamblea general de trabajadores que se celebrará con posterioridad.
Antecedentes
Llegados a este punto, en el que la multinacional ya ha dejado muy clara su postura, podría decirse que la situación se retrotrae a la mañana del 25 junio de 2020, donde la empresa anunció a los representantes de los trabajadores que presentaría un plan en las próximas horas, por el cual se reduciría la plantilla fija en aproximadamente 80-90 personas. Lo que pretendía la dirección de la factoría era negociar con la representación social las condiciones de estos despidos. Es decir, exactamente lo misma situación que se afrontará a partir de este cuatro de noviembre.
Como es lógico, la representación social rechazó de plano este planteamiento: «ante esto, los representantes de los trabajadores hemos mostrado nuestra rotunda disconformidad y vamos a estudiar las acciones necesarias para hacer frente a esta situación, para lo que, a fecha de hoy, no ha presentado ni documentación oficial, ni plan de viabilidad alguno», explicaban en un comunicado emitido el 25 de junio de 2020.
Pocos días después, el 30 de junio de 2020, los trabajadores, reunidos en asambleas de mañana y tarde en el salón de actos de CCOO, aceptaban la propuesta planteada por la representación social de convocar huelga para los días 8, 9 y 10 de julio de 2020, que consistía en la parada de una hora por turno. Sin embargo, en cuanto la empresa recibió la comunicación de la convocatoria de estos paros, enseguida citó al comité de empresa para una nueva reunión con carácter de urgencia.
Y así ocurrió, en la mañana del 2 de julio de 2020 se celebraba ese encuentro de urgencia entre empresa y representación social, que se prolongó por espacio superior a cuatro horas, a fin de tratar sobre el plan de viabilidad para las instalaciones en Sagunto, debido a la caída de la demanda, así como la pérdida de competitividad en el mercado, producida por los altos costes de fabricación que venía presentando la planta.
Según informó el comité de empresa a los trabajadores, en esta reunión la multinacional les trasladó «no ver alternativa mejor a los 82 despidos y a los recortes salariales anunciados». Además, les indicó que «la realización de una huelga aceleraría el proceso de toma de decisiones por parte del grupo, e incrementaría mucho más la probabilidad de un cierre completo», por lo que solicitó la anulación de los paros programados.
Plan de Viabilidad
En la mañana del 7 de julio de 2020, el comité de empresa de Pilkington Automotive, junto con los representantes y asesores sindicales, se reunieron por espacio de varias horas en el Tribunal de Arbitraje Laboral con la dirección de la empresa, finalizando el acto de mediación con la firma de un preacuerdo que establecía un Plan de Viabilidad alternativo por el que se evitarían los despidos anunciados por la factoría. Por este motivo se aplazaba la huelga prevista, suspendiendo la convocada para los días 8, 9 y 10 de julio.
Tras semanas de incertidumbre y duras negociaciones entre la dirección de Pilkington Automotive y el comité de empresa, se logró reconducir la propuesta que planteaba la empresa para afrontar la caída de la demanda, llegando a un acuerdo de ajustes laborales que evitaba los despidos anunciados y comprometía inversiones para mejorar la competitividad de la planta.
El 8 de julio los trabajadores ratificaban en asamblea este pacto que contemplaba, entre otras medidas, una congelación salarial para los empleados de Pilkington Automotive durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023, siempre que los incrementos contemplados en el convenio sectorial no superaran el 2%. En ese caso, lo que superara se incrementaría en los salarios. Las pagas extraordinarias de diciembre de 2020 y las de 2021-2022, se verían reducidas alrededor de un 4% de la masa salarial. Asimismo, se garantizaba que no se producirían despidos hasta el 31-12-2025.
La verdad es que causó sorpresa que la empresa, de pretender despedir a cerca de un centenar de trabajadores, cambiara de actitud en tan poco tiempo, conformándose con reducciones salarias. Efectivamente, la sensación que se produjo, cuando se alcanzó en acuerdo, es que el conflicto se había cerrado en falso, lo cual se ha confirmado pocos meses después, donde se vuelve definitivamente a la casilla de salida.
