Cuando en abril de 1977 mi padre, despidiéndome en la estación de Sagunto, con destino a Barcelona, donde había encontrado trabajo, me dijo: “Hijo, piensa que te vas a la Meca de España”, en un primer momento no capté el mensaje pero, una vez puestos los pies en Cataluña, pronto comprobé la diferencia entre ese territorio de España y aquél del que yo provenía. Lo que se llamaba Europa no parecía terminar en los Pirineos sino unos kilómetros más al sur del río Ebro.

 

Pasé tres años en Barcelona; una ciudad excesivamente grande para mi gusto, a la que nunca me adapté; allí aprendí a amar mi tierra, aquella de la que procedía. Los catalanes me enseñaron y animaron a sentirme valenciano, y a compartir con ellos la lengua. Y si eso es ser nacionalista, yo también lo soy.

 

Los acontecimientos de los últimos días en Cataluña y el fervor independentista al que asistimos, tiene sus profundas raíces en la historia, pero para no alargarme en exceso me remitiré a la Constitución de 1978; documento legal convertido por muchos en “dogma de fe” y por otros en el gran obstáculo para el avance social y político del Estado Español. El PP y Ciudadanos, con la complicidad del Rey, y el apoyo más o menos explícito de algunos sectores del PSOE, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza, utilizan la Constitución como arma arrojadiza contra las aspiraciones catalanas y contra cualquiera que pretenda avanzar en la construcción de un modelo territorial más progresista, en el que todos los pueblos y nacionalidades que integran el Estado Español se sientan más cómodos e identificados.

 

Los que diseñaron el aún vigente “Estado de las Autonomías”, quizá no tenían muy claro su significado político y su diseño administrativo, pero sí sabían lo que pretendían con él. El “café para todos” fue el antídoto contra las aspiraciones autonomistas –no independentistas, entonces- de catalanes y vascos.

 

Pero los catalanes, como en otros momentos manifestaron los vascos, ya están hartos de esperar, de las humillaciones y el desprecio del poder central; de las incomprensiones y falta de empatía del poder del Estado y de los diferentes gobiernos que por Madrid han ido pasando. El Estatuto de Autonomía que en marzo de 2006 aprobó el Parlamento de Cataluña, tras difíciles negociaciones, y posteriormente avalado en un referéndum por el pueblo de Cataluña (18/06/2006), colmaba las aspiraciones catalanas en ese momento histórico. El recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, con la posterior sentencia del Tribunal Constitucional (28/06/2010), fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los catalanes.

 

Desde entonces a esta parte, el Gobierno Español (PP) se ha dedicado a recurrir y boicotear cualquier aspiración, cualquier iniciativa de progreso que naciera del parlamento catalán (pobreza energética, tasas a las viviendas vacías, disposiciones sobre la lengua, etc.). Y para colmo de males, el 1-O Rajoy envía las fuerzas del orden a repartir “leña” e impedir el legítimo derecho de un pueblo a expresarse en las urnas y decidir sobre su futuro en referéndum.

 

Yo soy de los que prefieren una España con Cataluña, pero desde luego no en una España como la que tenemos, en la que la democracia y las libertades son papel mojado, y donde la incapacidad y falta de voluntad de los dirigentes políticos para la resolución de conflictos mediante un diálogo sincero y sin imposiciones previas es bien patente. Y acepto que sean los catalanes quienes decidan si quedarse o marcharse.