Nadie puede poner en duda en nuestra reciente historia democrática que los valencianos hemos demostrado que es posible la convivencia entre las dos lenguas oficiales en nuestro territorio, el valenciano y el castellano.

 

A nadie se le escapa que son un factor enriquecedor para nuestra sociedad, que se ha demostrado en una convivencia fructífera, positiva y real reflejada en cada municipio.

 

Pero esto parece importar poco al Consell de Oltra y Puig, que han llevado adelante un decreto que establece un nuevo modelo lingüístico educativo y que regula su aplicación en colegios e institutos, sin consenso en la sociedad, y que va a suponer un enfrentamiento gratuito en la comunidad educativa.

 

Bastaría decir que la inexistencia de conflicto alguno entre la gente y las lenguas oficiales de nuestra Comunitat, sería suficiente para negar la necesidad de este cambio, pero la realidad es que además se ve agravado por la introducción de seis niveles de competencia en lenguas que abarca desde el básico al avanzado.

 

La implantación de esos niveles de competencia de lenguas conlleva la inexorable eliminación de las líneas lingüísticas en castellano y en valenciano como las entendemos en la actualidad.

 

Hasta hoy, la existencia de estas líneas ha dado la posibilidad en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana de escoger en libertad la lengua de enseñanza de los alumnos, por parte de los padres. Así es como ha funcionado con corrección al respetar la idiosincrasia y predominio lingüístico de cada lengua, en cada zona, sin discriminar ni dar menos opciones al alumnado y a las familias por escoger una u otra opción, y mucho menos negando la titulación en inglés como ahora se pretende.

 

Porque para quien aún no lo sepa, la habilitación de este programa único llamado Plurilingüe Dinámico, está discriminando a los centros educativos situados en zonas donde mayoritariamente se hable en castellano frente a las zonas donde predomine el valenciano. El Consell de Puig y Oltra consideran que son básicos los alumnos que estudien en castellano y avanzados los que estudien valenciano.

 

Una discriminación hacia el valenciano que se liga a tener más horas en inglés y a la acreditación de ambos idiomas y que es en sentido contrario a los alumnos que usen el castellano. Tanto el castellano como el valenciano se pueden priorizar sin necesidad de penalizar una tercera, esto es, llevar a cabo una discriminación positiva sin efectos secundarios.

 

Pero hoy está en peligro la libertad de elección con cargo a lesionar gravemente la formación y titulación de los alumnos. Este chantaje a las familias supone que cuantas más horas de formación en castellano quieran, menos inglés tendrán.

 

Pero es que además, una vez finalicen el periodo formativo quienes terminen el bachillerato con el mínimo de castellano obtendrán la acreditación B1 de inglés y C1 de valenciano, mientras que en el caso contrario no obtendrán ninguna de las acreditaciones.

 

Convendrán conmigo que este contexto propuesto de forma deliberada parece tener el claro objetivo ideológico de lograr un predominio lingüístico frente a otro, allí donde la libertad ha hecho que se hable en castellano o en ambas lenguas, como suele ser lo habitual.

 

Supone jugar con la necesidad de los padres de enseñar inglés a sus hijos y con el legítimo derecho de acabar la formación con una certificación adecuada en inglés, y que se suma a la política de querer acabar con la escuela pública concertada. Este es un episodio más.

 

En definitiva se usa la legislación educativa como herramienta política y pincel social para que el gobierno de Compromís, con la complicidad de un PSOE entregado, dibuje mediante la ideología, la sociedad que anhela, en vez de articular normas que respeten la diversidad lingüística y la libertad de las personas.

 

Los padres ya solo disponen de una libertad condicionada, en forma de un chantaje, puesto que si eligen para sus hijos aquello que desea el Consell de Oltra y Puig, máximas oportunidades, de lo contrario, sus hijos no podrán acreditar un correcto nivel de lenguas extranjeras. En estas condiciones, se corrompe el derecho constitucional a recibir la enseñanza en su lengua habitual, si esta es el castellano, a costa de renunciar a una titulación y conocimientos en un nivel de inglés superior.

 

Quieren que los centros opten de forma exclusiva por una u otra lengua y decidan en cuál de las seis categorías quieren estar, nivel básico o nivel “premium” en función de las horas de valenciano. Esta es la izquierda que gobierna nuestra Comunitat, la que quiere que nuestro sistema educativo se ordene en las categorías de básico, intermedio o avanzado, en función de la mayor presencia del castellano y no, por ejemplo, del correcto conocimiento de asignaturas instrumentales como las matemáticas. Este es el nuevo peaje que quiere imponer a los valencianos el Consell de Oltra y Puig, y condicionar la libertad de elección.