El año que nos abandona ha sido excesivamente convulso para la educación pública. La Generalitat Valenciana, que tiene conferidas las competencias en materia educativa, ha estado aplicando desde principio de año severos recortes que deterioran constantemente la escuela pública. Una situación que venía enquistada de ejercicios anteriores y se agudizó a principios del 2012 con una brutal sucesión de recortes hasta el extremo de carecer en algunos centros de calefacción en las clases, dilación injustificable en cubrir las bajas de profesorado, modificación inaceptable de las condiciones y acuerdos laborales establecidos previamente con los colectivos docentes, recortes en becas de comedor, trasporte o libros, eliminación de buena parte de los CEFIRE o disminuciones intolerables en los presupuestos asignados para Educación. Estos recortes han sido refrendados y acrecentados por el gobierno central con medidas que intentan dar a la mentira apariencia de verdad, hablamos de las eufemísticas «medidas de racionalización del gasto público». La retahíla tampoco es corta: aumentos de ratios, incremento de tasas y reducción de partida para becas universitarias, reducción indiscriminada de profesorado en infantil, primaria y secundaria, aplazamiento de la implantación de los Ciclos Formativos o recortes drásticos en el presupuesto destinado a Educación para 2012.

 

Este descrédito produjo que la tensión se derivase a las calles donde el enemigo público número uno para las fuerzas del orden durante la denominada «primavera valenciana» eran jóvenes tratados a porrazos cuando defendían una educación pública y de calidad. Aquí, en el Camp de Morvedre, hemos respondido y lo seguiremos haciendo con manifestaciones, concentraciones y huelgas que han tenido un alto seguimiento por parte de la comunidad educativa como respuesta a la demagogia falaz de un partido que dijo que no iba a tocar la Educación pero fue lo primero que hizo.

 

Para degradar este lamentable panorama llegó el ministro Wert con su controvertida LOMCE. Esta nueva ley Orgánica de Educación es una ley sin consenso, sin diálogo, que huele a naftalina. Como denuncia el manifiesto de la plataforma Stop Ley Wert impulsada por el que fuera director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, esta ley tiene un carácter antidemocrático y se ha hecho «de espaldas» a la comunidad educativa, a los grupos sociales y políticos y a las comunidades autónomas. El manifiesto alerta sobre la naturaleza «mercantil» de esta nueva norma legislativa y la utilización de la educación como herramienta de «segregación y exclusión».

 

No hemos apenas empezado el año 2013 y ya se prevé que la reducción presupuestaria en Educación sea del 10% por parte de Conselleria y del 17% por parte del Ministerio de Educación. También se prevé la aprobación de nuevas medidas por parte de la Conselleria d’Educació como el «nuevo decreto de admisión del alumnado» y la implantación del distrito único. Esta medida tiene como propósito favorecer el negocio en el ámbito educativo y desproteger a la escuela pública. Negocio que se pretende llevar hasta límites ignominiosos. Regalar suelo público a una entidad privada no es solo regalar millones de euros de patrimonio público, 15 a 20 millones de euros que puede valer el suelo afectado para construcciones educativas en el SUP-2, sino que además se produce una pérdida sustancial de nuestra riqueza común, el patrimonio público de nuestro pueblo. Si esto ocurre, ¿Cómo querrán avalar los servicios públicos que ofrecen los ayuntamientos como el nuestro? ¿Tendremos que ofrecer garantías personales los vecinos para poder tener servicios públicos como seguridad, limpieza, mantenimiento, administrativos…? No es descabellado que la codicia esté pensando en desahuciar a todo un pueblo para construir un CIS (eufemismo para definir la cesión de suelo público a entidades o empresas privadas tanto del ámbito educativo como de la construcción u otros sectores para obtener un concierto educativo cuyo coste económico anual que soportan las familias, según último estudio de la OCU, por alumno/a y curso es superior en un 70% al coste supone un centro público).

 

Llegado este punto dónde ninguna de estas medidas, normas o leyes, estatales o autonómicas ha sido consensuada con los representantes de los distintos sectores que forman la comunidad educativa a excepción de las establecidas con la patronal de centros docentes, cabe preguntarse si el desapego… la desafección es de los ciudadanos hacia la «política» o de los «gestores públicos» hacia los ciudadanos. Mientras en el primer caso el «meninfotisme» nos ha llevado hasta la actual situación de zozobra, en el segundo caso el perjurio y desvergüenza de los representantes del pueblo puede llegar a cuestionar y desmoronar pilares básicos de nuestro estado social y democrático de derecho como la educación.

 

Frente a esta seria amenaza desde la Plataforma per l'Educació Pública al Camp de Morvedre seguiremos trabajando y luchando por una educación pública, de calidad, universal e integradora.