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El próximo martes se reunirá el alcalde del municipio, Francesc Fernández, con los afectados por el plan de empleo que se han quedado sin acceso a las ayudas asistenciales contempladas por la legislación vigente. Este encuentro, entre el máximo representante del Gobierno local y los trabajadores, se llevará a cabo, después de que el lunes, a las 17 horas, se vuelva a celebrar una nueva reunión del Consejo de Administración de la SAG, cuyo único punto del orden del día reza textualmente: «Votación propuesta PEM agrario».

La idea que inspiró un plan de empleo más social desde que los socialistas entraron a formar parte del Gobierno municipal de Sagunto, se ha quedado por el camino, ya que más de la mitad de los contratados para el Plan Municipal de Empleo 2017 (PME) no podrán acogerse a los subsidios, incluso algunos de los beneficiarios por esta ocupación temporal han perdido la renta de inserción que recibían antes de ser contratados.

De los 107 parados que han participado en el PME, 63, que son más de la mitad, fueron adscritos al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Como peones, capataces o ingenieros técnicos, sus percepciones salariales se ajustaron a lo establecido en las tablas del convenio agropecuario y, por vincularlos al Régimen Especial Agrario, la empresa tributó menos por ellos a la Seguridad Social, ahorrándose alrededor de 140.000 euros. En cambio, a los otros 54 trabajadores que sí se inscribieron en el régimen general, se les aplicó otro convenio, por ejemplo, el de Jardinería, donde las percepciones salariales eran de mayor cuantía y, por tanto, también eran más elevadas las cotizaciones.

Así las cosas, se puede afirmar que los parados que se enrolaron en el plan de empleo como peones agrícolas, además de cobrar entorno a 300 euros mensuales menos que el resto de sus compañeros, también cotizaron menos a la Seguridad Social y, encima, no van a poder acceder a los subsidios asistenciales que contempla la legalidad vigente, por haberlos incluido en el Régimen Especial Agrario.

Desde la propia empresa restan importancia a este hecho, porque, según indican, de los 63 afectados tendrían derecho a esos subsidios alrededor de un 25%, es decir, entorno a 15 personas. De acuerdo con esta explicación que ofrece la compañía, los 49 trabajadores restantes, por los niveles de renta de sus respectivas unidades familiares, no tendrían derecho a percibir esas ayudas asistenciales. Es decir, por sobrepasar los límites de renta que determinan si se tiene derecho o no a los subsidios. Teniendo en cuenta que los planes de empleo son un instrumento pensado para ayudar a personas que se encuentran en situación realmente límite, no parece, según indican desde la SAG, que los criterios de selección de personal que se han seguido, hayan tenido en cuenta esos criterios.

Han perdido de 6 a 21 meses de subsidio

Según recoge la propia página web del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), si se ha trabajado menos de un año, el afectado puede acceder a un subsidio por desempleo, no confundir con la prestación por desempleo de nivel contributivo, aunque hay que tener en cuenta que su duración varía en función del número de meses cotizados al Régimen General de la Seguridad Social y de si el trabajador tiene o no responsabilidades familiares. En el supuesto de que tengas responsabilidades familiares, le corresponderían 3, 4 o 5 meses, si han cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente. Esa ayuda se extendería hasta un total de 21 meses, si el trabajador ha cotizado 6 o más meses, aunque, en este supuesto, el derecho se reconocerá por seis meses, prorrogables por iguales períodos hasta su duración final. Para aquellos afectados que carezcan de responsabilidades familiares, el subsidio sería de un máximo de 6 meses, siempre y cuando se hayan cotizado 6 o más meses.

Así las cosas, todo parece indicar que los contratados en el régimen especial agrario por espacio de seis meses, han perdido entre 6 y 21 meses de subsidio, que era justamente lo que se pretendía favorecer cuando se modificó el PME, ampliando los contratos de 3 a 6 meses.

Reunión de la SAG

El pasado lunes se celebró una reunión del Consejo de Administración de la SAG, donde la consejera delegada de la empresa, Roser Maestro, presentó una propuesta que no prosperó, consistente en dirigir un escrito a la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se reconocía que la adscripción de los trabajadores al Régimen Agrario de la Seguridad Social y no al General había sido consecuencia de un error cometido por la empresa: «La solicitud por parte de la empresa S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO de las referidas altas en el Sistema Especial de Trabajadores por cuenta ajena agrarios fue errónea puesto que la solicitud de dichas altas debió efectuarse en el Régimen General de la Seguridad Social y no en su Sistema Especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios».

En cambio, el consejo tomó por unanimidad un acuerdo bien diferente: «Se acuerda, por unanimidad, que se elabore un informe jurídico que proporcione al Consejo de Administración las pautas del procedimiento más idóneo a seguir, para garantizar el cambio de encauzamiento de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial del Régimen General de la Seguridad Social de Trabajadores por cuenta ajena agrarios del PEM, al Régimen General, evitando, que ese procedimiento, haga recaer directamente sobre los mismos trabajadores, las acciones a realizar».

Téngase en cuenta que la empresa no reconoce que se haya equivocado, sino que ha actuado siguiendo los criterios de contratación marcados por la encomienda que el Ayuntamiento de Sagunto trasladó a la SAG, es decir, el encargo del equipo cuatripartito de Gobierno para que procediera a contratar a los 117 trabajadores, de acuerdo con las características profesionales requeridas para las tareas a realizar, entre las que se encuentran: 55 peones agrícolas, 5 capataces agrícolas, 2 ingenieros técnicos agrícolas y un ingeniero técnico forestal, en total, 63 trabajadores.

Llegados a este punto, cabría resaltar que la encomienda realizada por el Gobierno municipal a la Sociedad Anónima de Gestión, no cuenta con informe favorable del secretario general del Ayuntamiento de Sagunto, porque, entre las actividades declaradas en el objeto social de la compañía de capital público, no se encuentran las tareas agrícolas. Sin embargo, no impidió esta objeción de la Secretaria General que el cuatripartito acordara en la junta de Gobierno del 6 de junio del pasado año trasladar a la SAG la citada encomienda.

Para las 17 horas de este lunes, 12 de febrero, hay prevista una nueva reunión del Consejo de Administración de la SAG, donde se va a volver a tratar este asunto, teniendo en cuenta lo acordado en la anterior sesión del consejo. Con la decisión que se tome en el máximo órgano de la empresa, el alcalde, Francesc Fernández, se reunirá con los afectados el martes a las 13 horas en el salón de plenos, para trasladarle la fórmula elegida para garantizar que los 63 inscritos en el Régimen Agrario puedan encuadrarse en el general y, de esta manera, acceder a los subsidios asistenciales.

Señalar por último que los trabajadores afectados tienen de plazo hasta el próximo 30 de junio para reclamar, demandando a la SAG ante el juzgado de lo social, en el supuesto de que la propuesta que les traslade el alcalde no garantice que, efectivamente, se va a materializar el cambio de un régimen a otro.

Ante la fuerte polémica suscitada esta semana por que más de la mitad de los trabajadores del Plan de Empleo 2017 se hayan visto privados de su derecho a subsidios asistenciales, debido a que fueron inscritos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y no en el General, las críticas desde la oposición municipal no se han hecho esperar. Efectivamente, el portavoz del partido Popular, Sergio Muniesa Franco, ha asegurado que: «Cada día un trabajador de esta ciudad paga la incapacidad de Quico Fernandez y su equipo».

Más adelante, Muniesa resalta que tanto el alcalde como la edil de EU, Roser Maestro, se comprometieron con los trabajadores a realizar los cambios necesarios, sin tener en cuenta si jurídicamente era posible: «Las consecuencias de esta situación, no se han hecho esperar y, después de que los representantes sindicales solicitaran una reunión con Quico Fernandez, como alcalde, y la representante de EU, como secretaria del Consejo de la SAG, parece ser que obtuvieron la respuesta positiva para hacer todos los cambios y asegurar a estas personas el encuadre necesario para obtener las prestaciones que reclamaban, sin tener en cuenta las objeciones jurídicas que imposibilitan esta afirmación y que quedaron de manifiesto el pasado 1 de febrero en el Consejo de la SAG, donde los informes jurídicos desaconsejaban dirigir escrito a la Tesorería de la Seguridad Social en el que se reconociera la comisión intencionada de un error».

Desde las filas populares, su portavoz, Sergio Muniesa, manifiesta entender el enfado de los trabajadores y sus manifestaciones por «sentirse engañados, estafados e indignados, después de que el cuatripartito les vendiera como adecuada una “solución” que no se ajusta a la legalidad. Y luego dirán como con el presupuesto, que es culpa de los funcionarios, cuando el responsable de todo esto y de perjudicar a los trabajadores y sus familias solo es el cuatripartito que preside Quico Fernández».

Por otro lado, los populares centran el foco en el cuatripartito, negando toda responsabilidad de la SAG: «no se puede pretender responsabilizar a la empresa municipal SAG de un error del equipo de Gobierno y que además supondría un coste que podría superar los 200.000 euros. Cada error del cuatripartito le cuesta a la ciudad miles de euros. Para los populares, está lamentable forma de trabajar del equipo de Gobierno ya es algo habitual. No sólo no hacen, sino que lo poco que hacen lo hacen mal. Ya, en la aprobación del presupuesto de este ejercicio —prosigue Muniesa—, pretendían con sus 15 votos saltarse el procedimiento. Todo vale para ellos con tal de mantener el sillón. Incluso generar falsas ilusiones a los trabajadores».

Respecto al cumplimiento de la legalidad por parte de la empresa, Muniesa reconoce que la SAG se limitó a cumplir con la encomienda del equipo de Gobierno: «La realidad es que el recurso que planteaba el equipo de Gobierno proponía que la SAG asumiera un error a la hora de encuadrar a un trabajador en un régimen frente a otro, pero que esto no puede darse porque la SAG hizo lo que se le encomendó por el equipo de Gobierno y no puede ir contra sus propios actos, como atestiguan los informes jurídicos realizados por la empresa. Pretenden que hasta la SAG mienta por ellos. Llevar adelante, sin más, esta propuesta podría significar que la propia TGSS decretase connivencia entre la empresa y los trabajadores y rechazara de plano la solicitud con las consecuencias negativas que esto supondría para los trabajadores».

Señalar por último, que desde el Partido Popular se atribuye lo ocurrido a la incapacidad del propio cuatripartito: «Si el objetivo era conseguir que un determinado colectivo de personas desfavorecidas accediese a determinadas prestaciones y no lo era tanto la realización de un programa de actuaciones con dinero público a través de una encomienda, el resultado, como se ha comprobado, es lamentable por su incapacidad y ahora vienen las prisas del cuatripartito, intentando desviar la responsabilidad a la SAG cuando, si la hay, es única y exclusivamente del cuatripartito, que además, y según manifiesta CCOO, ya fueron advertidos por los servicios jurídicos municipales que no se podía hacer la encomienda de este grupo de trabajadores a la SAG porque no lo tiene entre sus funciones».

Incapacidad del Cuatripartito

Desde Iniciativa Porteña, su portavoz, Manuel González, asegura que lo ocurrido con este asunto obedece a la propia incapacidad del Gobierno municipal: «Este es un tema que se ha complicado de manera extraordinaria. Y todo por la malísima gestión realizada por el cuatripartito. Existe un informe jurídico elaborado por la empresa que acredita que la actuación por parte de esta se ha ajustado a la legalidad. Nadie del equipo de Gobierno les indicó que los trabajadores deberían ir en otro epígrafe diferente al agrario», asegura el portavoz porteño.

En su valoración, González califica de ridícula la actuación de la consejera delegada de la SAG, la concejal de Esquerra Unida, Roser Maestro: «Lo ridículo es que la vicepresidenta acuda al consejo con otro informe inaplicable sin haberlo consultado con los servicios jurídicos municipales e intentando que la empresa asumiera la responsabilidad, cuando aquí, evidentemente, ha habido una falta de gestión política de este asunto. Tener 18 liberados debería darles para coordinar mucho mejor estas cosas y evitar la pifia que han cometido».

Señalar por último que, en opinión del portavoz de IP, la solución pasa porque los servicios jurídicos municipales y los técnicos de la SAG se reúnan para buscar alternativas: «A partir de ahora, desde IP entendemos que la única solución es que se sienten los servicios jurídicos municipales con los técnicos de la SAG para ver que alternativas hay para salvar esta situación. Evidentemente, a la solución que se pueda dar, habrá que darle la condición de precaria hasta que la Seguridad Social lo acepte. Francamente, desde nuestro grupo ahora mismo vemos muy complicado que se pueda arreglar el desaguisado, aunque confiamos en que a nivel jurídico se pueda dar alguna solución».

Errores del equipo de Gobierno

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sagunto, Raúl Castillo, también asocia lo ocurrido a errores del equipo de Gobierno: «Repitieron hasta la saciedad que las contrataciones en el plan de empleo pasaban de tres a seis meses de duración con un objetivo principal, que los trabajadores y trabajadoras al finalizar la encomienda, pudieran optar a prestaciones y subsidios con mayor facilidad que años anteriores. Sin embargo, parece ser que olvidaron hacer su trabajo y comunicárselo a la SAG a través de la encomienda aprobada en Junta de Gobierno. Esto es lo que pasa cuando un equipo de Gobierno centra todos sus esfuerzo en la foto y la propaganda, en vez de en la gestión y el seguimiento de los asuntos de los que son responsables».

Por otro lado, y de cara al próximo consejo de administración de la SAG, Castillo ya deja bien claro que no aceptarán que la SAG asuma los errores del Gobierno municipal: «No vamos a aceptar que un error tan grave originado en la falta de diligencia del Gobierno local, sea achacado a la buena gestión de la SAG».

Finalmente, recuerda el líder de la formación naranja que Roser Maestro no consensuó su propuesta con el resto de socios del Gobierno municipal del que forma parte: «Por otra parte, la solución propuesta por la señora Maestro, vicepresidenta de la SAG, solo necesitaba que sus socios de Gobierno la apoyaran, cosa que no sucedió, por lo tanto, yo les invito a que antes de volver a lanzar propuestas aisladas, se sienten y hagan el trabajo por el que les votaron los vecinos y vecinas de nuestro municipio y que se esfuercen por, al menos, parecer un equipo de Gobierno».

Después de que se celebrara la reunión del Consejo de Administración de la SAG, que no aceptó la propuesta de Roser Maestro, Comisiones Obreras lanzó el pasado lunes un comunicado en el que acusaba al alcalde, Francesc Fernández, de incumplir sus compromisos: «El alcalde, después de plantear un plan de empleo municipal bajo el argumento de que era necesario atender a los más desfavorecidos en el municipio, prometiendo el acceso no solo a un empleo durante unos meses, sino a subsidios asistenciales tras la finalización del contrato, se desdice no ya solo de este compromiso, sino se ha retractado de lo prometido el pasado día 19 de enero a los afectados en cuanto a corregir la irregularidad».

Ante acusaciones tan contundentes de la secretaria general de CC.OO., Begoña Cortijo, el alcalde del municipio salió al paso, al día siguiente, desmintiendo categóricamente esa acusación, asegurando que «supone una manipulación absoluta de la realidad y una distorsión de los hechos que ocurrieron en el consejo de administración de la SAG. El día que se reunió para tratar esta cuestión tenía por un lado un informe que había elaborado la consejera delegada Roser Maestro para solucionar el problema, al cual nosotros como Equipo de Gobierno habíamos mostrado nuestro apoyo y por otro lado se presentó por parte de la empresa un informe jurídico que señalaba una serie de problemas en esta resolución».

En el mismo comunicado de respuesta, Francesc Fernández dejaba claro que el Gobierno municipal que él preside está buscando una solución al problema suscitado con este grupo de trabajadores: «si nosotros hemos intentado ayudar a la gente a tener unos ingresos durante seis meses y que después tuvieran unas prestaciones, ahora nos tenemos que preocupar de que efectivamente todos y todas tengan estas prestaciones dentro de la viabilidad legal. No podemos llegar a una solución que después se vea defraudada porque los que perderían serían los trabajadores y por lo tanto tenemos que buscar diferentes fórmulas para poder compensar en principio esta discriminación».